¿Qué es el Impuesto sobre el Patrimonio?

La posesión de bienes y derechos por parte de personas que se excedan de cierto valor está sujeta al impuesto sobre el patrimonio en México. Es una práctica mundial, y en México rigen su aplicación por la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) y la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio (LIP).
En 2007, México instituyó el Impuesto sobre el Patrimonio y fue abolido en 2011. Sin embargo, se reintrodujo en 2019 con la intención de recaudar fondos para financiar programas sociales y proyectos de infraestructura. Actualmente es aplicable tanto a personas naturales como jurídicas con patrimonio superior a 15 millones de pesos.

¿Cómo se determina exactamente el IP?

El 1 de enero de cada año, el impuesto se determina con base en el valor de los derechos y bienes del contribuyente. Para la determinación del valor se toman en consideración los valores fiscales inmobiliarios, las inversiones bursátiles, los valores de las cuentas bancarias, así como cualquier otro bien o derecho que pueda poseer el contribuyente. Las deudas y los créditos fiscales son ejemplos de gastos que también se pueden cancelar.
Sobre montos superiores a 15 millones de pesos, El estado aplica un impuesto a la riqueza a una tasa del 1%. Entonces, si la persona tiene 20 millones de pesos en activos, se le aplicará un impuesto del 1% a partir de los 5 millones que se exceden de los 15 millones.
Es crucial tener en cuenta que el impuesto sobre el patrimonio en México es un impuesto estatal y no un impuesto que se impone a nivel federal. Es fundamental revisar las leyes y reglamentos correspondientes al estado donde resides o tener los bienes y derechos que están sujetos al impuesto debido a que cada estado de la República Mexicana tiene su propia legislación y tarifa para este impuesto.

Obligaciones y exenciones.

En cuanto al IP en México, existen algunas obligaciones y exenciones, por ejemplo, las personas cuyo patrimonio sea igual o inferior a 15 millones de pesos están exentas de este impuesto. Además, hay algunas excepciones para bienes y derechos particulares, como la residencia principal y los bienes utilizados para la cultura y la educación.